Universidad, ciencia y territorio ante las nuevas derechas: una alerta desde Argentina
Comisión de Estudios Latinoamericanos y Caribeños — Unión Geográfica Internacional
La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria del próximo 15 de octubre abre una oportunidad para interrogar el lugar que ocupan las universidades públicas y los sistemas científicos en los proyectos políticos de las derechas y ultraderechas latinoamericanas. En Argentina, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios se inscribe en una disputa sobre las condiciones necesarias para sostener la producción de conocimiento y la formación superior. El gobierno de Javier Milei permite examinar esa disputa desde una experiencia concreta, cuya lectura puede ponerse en relación con el antecedente brasileño durante la presidencia de Jair Bolsonaro. La hipótesis que orienta esta reflexión es que la combinación de restricciones presupuestarias y cuestionamientos a la legitimidad de las instituciones académicas puede comprometer capacidades públicas que resultan fundamentales para decidir sobre el desarrollo de nuestros países. Desde la geografía, nos interesa examinar cómo esas decisiones modifican las posibilidades de conocer los territorios, reconocer sus desigualdades y elaborar respuestas a sus transformaciones. Las universidades y los organismos científicos intervienen en dicha relación mediante investigaciones y actividades de formación que sostienen vínculos con problemas sociales específicos. La formación de técnicos y especialistas en nuestras casas de estudio garantiza una perspectiva de defensa de la soberanía en sus dimensiones económica, política, científica-tecnológica, ambiental, educativa-cultural, alimentaria y territorial, entre otras. La marcha constituye, en este sentido, una instancia desde la cual discutir el alcance de las políticas actuales y sus consecuencias sobre capacidades acumuladas durante décadas, cuya continuidad depende del financiamiento y del trabajo de quienes las sostienen. Su relevancia regional surge de los interrogantes que plantea sobre el futuro de la educación pública y la autonomía de la producción científica.
La magnitud del deterioro argentino permite precisar los términos de esa discusión. Según el Grupo Economía, Política y Ciencia, la ejecución acumulada de la Función Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional entre enero y agosto de 2026 se encontraba un 47,6 % por debajo del mismo período de 2023, en términos reales. Para las universidades nacionales, el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (la principal Federación que agrupa a docentes universitarios e investigadores de Argentina) aporta otra medida del ajuste, entre enero y mayo de 2026, las transferencias nacionales habían caído un 28,2 % real respecto del mismo período de 2023. El deterioro también alcanza las condiciones laborales. En agosto, el Grupo EPC estimó una pérdida de poder adquisitivo del 40,3 % respecto de noviembre de 2023 para investigadores y personal de apoyo del CONICET, mientras que para el cargo universitario testigo, profesor adjunto con dedicación exclusiva y diez años de antigüedad, la caída alcanzaba el 25 %. La CONADU reclamó una recomposición salarial del 33,4 % para equiparar lo perdido por el proceso inflacionario iniciado por el gobierno actual y por el recorte salarial. El horizonte presupuestario tampoco presenta una recuperación uniforme, ya que el análisis del proyecto para 2027 realizado por el Grupo EPC estima para las universidades un financiamiento un 21,2 % inferior al de 2023. En septiembre de 2026, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) solicitó 11 billones de pesos argentinos para el próximo ejercicio, un monto que, según el organismo, supera en un 33 % lo previsto por el Poder Ejecutivo. Los datos disponibles, sin embargo, ya permiten advertir que la incertidumbre financiera y el deterioro salarial comprometen las condiciones para sostener equipos, planificar investigaciones y llevar adelante normalmente el año académico, lo que afecta directamente la continuidad en la formación de capacidades, la cual requiere plazos prolongados.
Las universidades nacionales ocupan un lugar central en la reproducción de capacidades. En sus aulas se forman profesionales e investigadores, mientras sus institutos y laboratorios sostienen una parte sustantiva de la producción de conocimiento, frecuentemente en articulación con el CONICET y otros organismos públicos. En marzo de 2026, el CIN y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología advirtieron sobre los riesgos del desfinanciamiento para proyectos y equipos consolidados. El informe del IEC-CONADU permite precisar que, durante los primeros cinco meses de 2026, los fondos ejecutados para becas universitarias habían caído un 85,6 % en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que la partida de inversión en infraestructura universitaria analizada no registraba ejecución alguna. Su dimensión territorial merece particular atención. La presencia universitaria en distintas provincias y en el conurbano bonaerense acerca oportunidades de formación a poblaciones que enfrentarían mayores dificultades para trasladarse y permite establecer vínculos con instituciones locales. El debilitamiento de las becas y de la infraestructura profundiza las desigualdades allí donde las alternativas educativas son más limitadas. Como plantea el propio IEC, garantizar el derecho a la educación superior requiere atender a la permanencia y al egreso, además de las posibilidades de ingreso. Desde esta perspectiva, la gratuidad requiere condiciones materiales que permitan sostener las trayectorias estudiantiles. La universidad pública constituye una infraestructura social de los territorios, cuya capacidad de intervención depende de recursos y vínculos construidos históricamente, y cuya continuidad requiere políticas que sostengan tanto el trabajo académico como el derecho a estudiar.
“La hipótesis que orienta esta reflexión es que la combinación de restricciones presupuestarias y cuestionamientos a la legitimidad de las instituciones académicas puede comprometer capacidades públicas que resultan fundamentales para decidir sobre el desarrollo de nuestros países.”
En Brasil, el deterioro del financiamiento universitario precedió al gobierno de Bolsonaro, en el cual la Enmienda Constitucional 95, aprobada en 2016, estableció un techo para el gasto primario federal durante veinte años, el cual fue posteriormente sustituido por un nuevo régimen fiscal en 2023. Sin embargo, durante la presidencia de Bolsonaro (2019-2022), la restricción de recursos se articuló con una ofensiva explícita contra la legitimidad de las universidades públicas. En 2019, el Ministerio de Educación anunció bloqueos que alcanzaban aproximadamente el 30 % de los recursos discrecionales de las universidades federales, es decir, de partidas destinadas, entre otras funciones, a servicios, mantenimiento y funcionamiento, y no del presupuesto total de esas instituciones. Las movilizaciones nacionales del 15 y del 30 de mayo de ese año expresaron la amplitud de la resistencia estudiantil, docente y científica. En 2022, la revista Pesquisa FAPESP registró el bloqueo de cerca de 1.794 millones de reales del presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Estos episodios muestran cómo la incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de los recursos dificulta la continuidad de proyectos, laboratorios y servicios universitarios.
La presión sobre las instituciones también alcanzó sus mecanismos de gobierno. Según un relevamiento divulgado por la Asociación Nacional de Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior (Andifes), entre 2019 y 2021 Bolsonaro designó, en 18 de 50 nombramientos de rectores, a candidatos que no habían ganado las consultas internas de sus comunidades académicas. Aunque el procedimiento de nombramiento presidencial estaba previsto en la legislación brasileña, esas decisiones intensificaron los conflictos en torno a la autonomía universitaria y a la representación de docentes, estudiantes y personal técnico-administrativo. En el campo de la investigación, el enfrentamiento con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) adquirió especial importancia a partir de los datos de monitoreo de la deforestación amazónica, los cuales permiten documentar transformaciones ambientales y orientar la fiscalización pública. El apartamiento de Ricardo Galvão en 2019, después de defender los datos cuestionados por Bolsonaro, muestra cómo la divulgación de resultados puede entrar en conflicto con prioridades gubernamentales e ilustra por qué la autonomía de los organismos científicos también depende de su capacidad para divulgar resultados que contradigan los intereses del gobierno.
En Argentina, la intervención de Milei en Davos en enero de 2025 incluyó a las instituciones educativas entre los espacios atravesados por una supuesta hegemonía de la izquierda “woke”. Ambos casos permiten examinar la dimensión política del conflicto a partir del cuestionamiento de la autoridad de las instituciones cuando sus conocimientos o sus prácticas contradicen las orientaciones del gobierno. La evidencia de esos episodios ofrece un fundamento para discutir las presiones sobre la producción científica, preservando las diferencias entre las experiencias nacionales. La autonomía institucional requiere recursos para investigar y condiciones para comunicar resultados, incluidos aquellos que incomoden al poder político. Su debilitamiento restringe las posibilidades de intervenir en debates públicos sobre los usos del territorio y sus consecuencias sociales y ambientales.
Los gobiernos de extrema derecha tienen un gran problema con la verdad, aún más con la verdad científica. Ellos acostumbran a negar las evidencias científicas con sus opiniones, afirmando que las verdades impiden el progreso del capitalismo. El problema adquiere otra profundidad cuando las restricciones materiales se articulan con discursos que ponen bajo sospecha a las instituciones del conocimiento. La comparación exige reconocer las diferencias y los antecedentes de las políticas de ajuste, pero es pertinente y necesaria para identificar cómo la presión presupuestaria y la deslegitimación pública pueden converger sobre la autonomía institucional, afectando tanto las condiciones de investigación como las posibilidades de intervenir en debates sobre los usos del territorio y sus consecuencias.
La dimensión territorial de la universidad pública adquiere particular importancia en el caso brasileño. La expansión de la red federal iniciada en 2003 y el programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (Reuni), instituido en 2007, y la creación de universidades y campus en el interior ampliaron la presencia de la educación superior federal fuera de las capitales y de los centros metropolitanos tradicionales. Esta expansión favoreció el acceso de estudiantes que antes debían trasladarse a otras ciudades y fortaleció las actividades de investigación y extensión vinculadas a problemas agrarios, urbanos, ambientales y sociales de distintas regiones. Su continuidad, sin embargo, requiere financiamiento estable, políticas de permanencia estudiantil y condiciones de trabajo para docentes, investigadores y personal técnico. Por ello, las restricciones presupuestarias no producen consecuencias territorialmente homogéneas: pueden ser especialmente graves donde las instituciones federales constituyen una de las pocas infraestructuras públicas de formación superior y producción de conocimiento. La proyección latinoamericana de estos procesos debe situarse en el marco de una distribución desigual de las capacidades científicas. Según El Estado de la Ciencia 2025, Brasil concentraba el 62,5 % de la inversión de América Latina y el Caribe en investigación y desarrollo en 2023, mientras que Argentina y México rondaban el 10 % cada uno. Esta concentración permite comprender la relevancia regional de las transformaciones que atraviesan nuestros principales sistemas.
Desde la geografía, nos interesa plantear qué ocurre con la capacidad de nuestras sociedades para producir información sobre sus propios territorios y utilizarla en la toma de decisiones públicas. Investigar las transformaciones urbanas y agrarias o los cambios ambientales requiere equipos capaces de mantener series de observación, realizar trabajo de campo y contrastar explicaciones y comunicar resultados. La interrupción de esas actividades reduce las herramientas disponibles para las comunidades y los gobiernos locales, y aumenta su dependencia de conocimientos y tecnologías producidos fuera de la región. Esta dependencia constituye un riesgo a examinar, cuya intensidad variará según las características de cada país y de cada campo de investigación. En ese marco, defender la universidad pública y la ciencia implica sostener las condiciones para ampliar el acceso a la formación y preservar la autonomía del conocimiento, al tiempo que se discuten sus prioridades y su relación con las necesidades sociales. Esa autonomía constituye una condición para evaluar críticamente las políticas públicas y participar en la definición de alternativas de desarrollo. La cooperación latinoamericana puede ampliar estas posibilidades mediante el intercambio de conocimientos y la construcción de agendas compartidas desde capacidades propias. La marcha argentina del 15 de octubre ofrece una oportunidad para llevar esa discusión al espacio latinoamericano y caribeño. Lo que se encuentra en juego es la posibilidad de conservar y desarrollar capacidades propias para comprender las transformaciones de nuestros territorios y participar en las decisiones que configuran su futuro.
💡 Conclusión
El debilitamiento de las universidades y del sistema científico erosiona las condiciones que permiten ejercer la soberanía, reduciendo la capacidad de producir conocimiento propio, evaluar alternativas tecnológicas y decidir sobre las transformaciones del territorio.
Comisión de Estudios Latinoamericanos y Caribeños
Unión Geográfica Internacional
12 de octubre de 2026